La nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresarial abre la puerta a la comercialización de este peligroso producto entre inversores no profesionales
El pasado 29 de septiembre se publicó en el BOE la nueva Ley de Creación y Crecimiento Empresarial. Dado su nombre, poco parece que tenga que ver con los consumidores y sus ahorros, pues aborda cuestiones tales como la agilización en la creación de empresas o su acceso a financiación. Pero es en este último punto precisamente dónde comienzan a surgir las amenazas. En su preámbulo, la Ley enumera una serie de medidas para flexibilizar los mecanismos de financiación alternativa como el crowdfunding, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Con este objeto, se han introducido diversas modificaciones en la Ley 22/2014 por la que quedan reguladas las entidades de capital riesgo, minorando el acceso de la inversión en determinados supuestos a los 10.000€, cuando el mínimo requerido tradicionalmente era de 100.000€.
Dichos supuestos quedan recogidos en la modificación del art. 75 y permiten la comercialización de fondos capital riesgo entre inversores no profesionales , siempre “que tales inversores realicen su inversión atendiendo una recomendación personalizada de un intermediario que les preste el servicio de asesoramiento” y que “que su patrimonio financiero no supere los 500.000 euros, la inversión sea como mínimo de 10.000 euros, y se mantenga, y no represente a su vez más del 10 % de dicho patrimonio”.
Aunque los criterios puedan parecer restrictivos y no aptos para todos los bolsillos, representan una amenaza clara debido a la ¡complejidad del producto en sí, la necesidad de asesoramiento previo y la posibilidad de renunciar al tratamiento como inversor minorista recogido en el Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores y de los Servicios de Inversión con un simple “firme aquí”. Cuestiones que ya fueron rebatidas por ADICAE en los trámites de audiencia pública.
Estas modificaciones parecen responder más a las demandas que el sector de la inversión llevaba impulsando desde hace un tiempo que a una necesidad de financiación de las pequeñas o medianas empresas o a una supuesta democratización del sector.
Partiendo de la experiencia que supuso el “asesoramiento” en la comercialización de participaciones preferentes o deuda subordinada entre inversores no profesionales, esta situación puede crear un precedente muy peligroso para los derechos de los consumidores.
¿Qué es un Fondo Capital Riesgo?
Son fondos de inversión cuya característica fundamental es que en la mayor parte de los casos suele invertir en empresas no cotizadas. Suelen ser fondos muy poco líquidos, con un plazo de inversión para los partícipes largo o muy largo.
Su mayor atractivo es una posible rentabilidad de 2 dígitos a largo plazo, pero, si la inversión no sale como nos la cuentan, puede acabar suponiendo la pérdida de gran parte de la inversión.
Según sus características pueden subdividirse en varios tipos.
Venture Capital. Fondos que invierten en compañías de reciente creación, como los startups, o compañías que cuentan con una tecnología interesante, operan en un sector novedoso, etc.
Private Equity. Fondos que invierten en compañías privadas que ya están algo más consolidadas.
La entrada de los fondos se produce habitualmente cuando una empresa familiar quiere dar un salto a la profesionalización de la compañía y, por lo tanto, requiere de un socio institucional, que aporte no solo capital, sino también los conocimientos necesarios para dar el paso.
Leverage Buyout. Fondos que adquieren empresas cotizadas mal gestionadas y, por lo tanto, suelen ser baratas. Suelen adquirirlas utilizando mucho apalancamiento y las sacan de bolsa para reestructurarlas o vender alguna línea de negocio poco eficiente. Pasados unos años, proceden a su venta o la sacan de nuevo a bolsa.
En cualquiera de los supuestos, son fondos a muy largo plazo e ilíquidos y, por lo tanto, totalmente desaconsejables para los consumidores.
